15 de Septiembre de 2008. Desde la antigüedad los archivos han servido para esgrimir y defender los derechos de los hombres y también como testimonio para formar la historia de la humanidad, lo cual hace sentir al individuo parte de todo. Así es el sentir humano y cuando esto no se cumple ocurre un "vacío" a causa de la falta de saber, el cual provoca incertidumbre, angustia, soledad y sobre todo un profundo dolor. En suma, todo esto produce heridas que solo se pueden reparar a través del conocimiento, de la obtención de los datos y de la información, en definitiva, de la verdad.
Desde antes de la dictadura cívico-militar ya se creaban y formaban los "archivos del terror". En ellos quedaba registrada toda la información: documentos, fotografías, datos, prensa, seguimientos, estudiantes, trabajadores, civiles, militares, torturas, detenciones, colaboradores, etc. En fin, archivos e información de la sociedad entera.
Diversas organizaciones de derechos humanos hicieron peticiones al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa solicitando la desclasificación de los archivos de Inteligencia policial y militar. También se solicitó el acceso a los archivos del Hospital Militar, los archivos del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa) y de la OCOA (Órgano Coordinador de Operaciones Antisubersivas). Excepto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y alguna información puntual que se le ha pedido al Ministerio del Interior, no se han mostrado documentos y archivos que ayuden a la justicia a esclarecer la verdad. Actualmente Cancillería brinda los archivos donde se encuentra documentación producida en época de dictadura, relevó las fuentes documentales referentes a violaciones de los derechos humanos en el período 1972-1986. Incluye casos presentados ante organizaciones internacionales como OEA, ONU o UNESCO, fichas y nóminas de personas requeridas, detenidas, liberadas, el seguimiento de personas y organizaciones en el país y en el exterior, denuncias, trámites de pasaportes, correspondencia, etc.
Por otro lado, se ha podido confirmar una serie de irregularidades en los archivos nacionales, una de ellas es la desaparición de parte de los repositorios, en algunos casos por cumplimiento a resoluciones de los mandos de la dictadura en los últimos meses del régimen. Un ejemplo es la resolución del 31 de octubre de 1984 del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se disponía "la destrucción de documentos de desuso y carentes de interés que hayan sido microfilmados".
Otro caso de desaparición de documentos fue confirmado en el Poder Legislativo. Según el testimonio de Luis María Paravís, funcionario parlamentario, las grabaciones sobre el Escuadrón de la Muerte en el año 1972 que contenían los testimonios de las personas que presentaron declaración ante la Comisión Investigadora Parlamentaria, fueron requisadas en diciembre de 1973 por efectivos militares.
El grupo de investigación sobre la historia reciente en Uruguay, formado por arqueólogos, historiadores y técnicos universitarios, explicaron que no pudieron acceder a documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, ni a otros archivos como el de la ESMACO (Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto), o de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos). El difícil acceso a las fuentes documentales producidas tanto por el Estado como por los distintos actores sociales o políticos ha impedido muchas veces profundizar en las diferentes complejidades del período. Los archivos y documentos se han mostrado en forma dispersa y a partir de criterios diferentes. Además no se cuenta aún con un marco legal apropiado que estipule cuales deben ser los tiempos y mecanismos para acceder a los documentos.
Mientras tanto, el año pasado fueron encontrados en un armario de una dependencia del ejército, archivos que consisten en 1200 rollos de imágenes, donde hay 2500 imágenes por cada uno de ellos. Los documentos tienen diversa información de los servicios de Inteligencia sobre los ciudadanos confinados en predios militares y centros de reclusión de la época. El Ministerio dice que se están desclasificando y serán entregados al Presidente de la República a la brevedad, para quizá luego, llevarlos al Archivo General de la Nación ya que este se encarga de la preservación, custodia y difusión de la documentación a nivel nacional. En el AGN se encuentran expedientes de la Justicia Militar que pertenecen al Ministerio de Defensa y están allí por falta de lugar. Están ordenados en paquetes de volumen variable y se registra la falta de expedientes en su mayoría de casos de procesamientos de civiles entre 1972 y 1978.
En la dirección de Información e Inteligencia se encuentran los documentos producidos entre 1973 y 1985. Se tratan de documentos sobre partidos y organizaciones políticas, sociales, sindicales y eclesiásticas, comunicados de prensa, informes sobre procedimientos, seguimientos, requisitorias, capturas, listados de presos, lugares de reclusión, libertades vigiladas, copias de agencias de inteligencia militar e investigaciones sobre los grupos de izquierda y además los prontuarios de personas.
Es hora de asegurar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los documentos de archivos en general y a los del terrorismo de Estado en particular. Hay que avanzar mucho más en la identificación, organización y puesta a disposición del Poder Judicial y de la sociedad, todo lo concerniente a la dictadura y sus consecuencias.
El pasado mantiene muchas cuentas abiertas con la justicia, sin el esclarecimiento de la verdad de todo lo ocurrido no puede haber paz entre nuestro pueblo. La sociedad la necesita y a partir de ella, esa memoria activa y colectiva, que nos dará las herramientas para recuperar aquellos valores que hablan de la dignidad humana.
Las organizaciones de derechos humanos conjuntamente con otros actores sociales, tienen la obligación ética, histórica y política de apropiarse de la memoria y combatir el olvido. Lamentablemente, el país se encuentra muy lejos de haber consolidado un rumbo como el que se recomienda y practica en la experiencia internacional sobre los archivos represivos. En este tema nos hemos quedado atrás, urge emprender con firmeza y decisión un conjunto de acciones en la materia. Cuanto más pase el tiempo, más difícil será la tarea.
Tomado de: Red de noticias de Derechos Humanos.
